FRANCISCO PEREGIL
La marcha atrás no logró sin embargo frenar las movilizaciones ciudadanas. Una multitud bloqueó las principales arterias en São Paulo y en Brasilia y la policía se enfrentó a los manifestantes en Río de Janeiro tras el anuncio de las autoridades. Los grupos impulsores de la ola de manifestaciones que sacude Brasil mantuvieron la convocatoria para hoy.
En São Paulo se necesita reprogramar las máquinas de cobro y la revocación del auemnto no entrará en vigor hasta el próximo lunes. A partir de entonces, subirse al metro o al autobús volverá a costar tres reales (1,05 euros). Y en Río, desde este mismo miércoles el precio del billete de autobús volverá a ser de 2,75 (0,95 euros).
La subida fue el principal motivo por el que se echaron a las calles de las principales calles de Brasil cientos de miles de personas en los últimos días. A ese reclamo se unieron también los de la lucha contra la corrupción, los excesos de gasto público en el Mundial de 2014 y las críticas contra la represión policial. Pero los cánticos más presentes en todas las manifestaciones, con mucha diferencia sobre todos los demás, fueron los que invitaban a luchar contra el aumento en las tarifas.
“Ha sido una enorme victoria del pueblo en la calle”, indicó a este periódico Luisa Mandetta, de 19 años, miembro del Movimiento Pase Libre (MPL), la organización que convocó la primera protesta el pasado 7 de junio. “Nuestro movimiento ha cumplido su primer objetivo. Y a partir de ahí vamos a seguir luchando por el acceso gratuito al transporte público, que siempre fue nuestro objetivo final”.
El MPL había convocado manifestaciones para todos los días de la semana hasta que se retirase el aumento de las tarifas. Ahora, la organización ha decidido convertir las manifestaciones previstas para el jueves en marchas festivas. “Saldremos a la calle, principalmente, para festejar la victoria y para decidir qué vamos a hacer de ahora en adelante”, señaló Mandetta.
"Vamos a tener que cortar inversiones porque las empresas (concesionarias del transporte) no tienen cómo asumir (los gastos de la suspensión del aumento)", señaló el gobernador del Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, del centrista Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). “Vamos a tener que cortar inversiones, hacer ajustes y apretarnos el cinturón”, añadió. Por su parte, el alcalde de la ciudad, Fernando Haddad, no especificó de dónde saldrán las partidas para afrontar la retirada de los aumentos. "Vamos a tener que explicar este gasto para la población de la ciudad", indicó Haddad.
El anuncio llegó solo un día después de que la presidenta del Gobierno, Dilma Rousseff, admitiera en un discurso público que había escuchado el mensaje de la calle. La presidenta reconoció que “las voces” de las protestas piden a los gobernantes de todas las instancias “más ciudadanía, mejores escuelas, hospitales, transporte público de calidad y a un precio justo”. Y también “el derecho a influir en las decisiones de los Gobiernos”.
Pero esas palabras conciliatorias de Rousseff no consiguieron aplacar a los manifestantes. Si el 7 de junio el Movimiento por el Pase Libre solo logró convocar a 1.500 personas en Sao Paulo, el pasado lunes las protestas se habían extendido ya a las principales ciudades del país y lograban sacar a la calle unas 250.000 personas, cifra que no se recordaba desde hacía al menos dos décadas. Algunos de los analistas más prestigiosos de Brasil reconocían que estaban aturdidos, sin palabras para explicar el fenómeno. El jefe de Gabinete del Gobierno, Gilberto Carvalho, reconoció que no entendía la complejidad de las causas que motivaron esas marchas tan multitudinarias.
Las manifestaciones fueron en su inmensa mayoría pacíficas. Y aunque algunos grupos violentos minoritarios ocuparon también las portadas de los periódicos, la propia presidenta reconoció el carácter pacífico de las reivindicaciones y dijo que eran una muestra de la energía de la democracia y el civismo del pueblo.
Ahora solo resta conocer la letra pequeña del contrato que los alcaldes han tendido a los ciudadanos, la letra que explique en qué parte de las finanzas públicas se meterá la mano para pagar los 20 céntimos: infraestructuras, salud, educación…
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