Brasil y el español, condenados al entendimiento

POLITICA EXTERIOR
Francisco Moreno -

La implantación de la lengua española en un sistema educativo de 50 millones de estudiantes es una tarea colosal y compleja. Las necesidades derivadas de la “ley del español”, de 2005, apuntan a la incorporación inmediata de 12.000 profesores. Inicialmente se hablaba de 200.000.

El Anuario del Instituto Cervantes 2009 sitúa en más de cinco millones el número de estudiantes de español en Brasil.


Esta cifra se valora más ajustadamente al compararla con el millón largo de aprendices que se contabilizaron en 2006, o si se piensa que Brasil ha sobrepasado en pocos años los dos millones de estudiantes de Francia, y que solamente se ve superado por el número de matriculados en cursos de lengua española en Estados Unidos, donde el español es mucho más que una lengua extranjera, por historia, por peso socioeconómico y por demografía. Pero, el número de estudiantes de español en Brasil, siendo relevante, nos ha de servir simplemente como base para otras reflexiones de índole cualitativa.

El panorama actual del aprendizaje de español en Brasil presenta un trasfondo legislativo que es responsable, en gran medida, de lo que está ocurriendo en el sistema educativo. Ahí destacan tres hechos singulares: la creación del Mercado Común del Sur (Mercosur) en 1991, la aprobación en 1996 de la nueva Ley de Directrices y Bases de la Educación de Brasil (LDB) y la promulgación de la Ley Federal nº 11.161, de 5 de agosto de 2005, conocida como la “ley del español”.

El primer hecho formalizó la conveniencia del conocimiento mutuo de las dos lenguas oficiales del acuerdo y resaltó las afinidades culturales de sus socios; el segundo abrió las puertas a la enseñanza de dos idiomas extranjeros en el sistema público, prácticamente desde la enseñanza primaria; el tercero estableció la oferta obligatoria de lengua española en los centros públicos de enseñanza media.

El basamento jurídico para la expansión de la enseñanza de la lengua española en Brasil quedaba así bien dispuesto y sustentado. Las autoridades brasileñas se dieron cinco años para llevar sobre el terreno educativo la ley de 2005, y en estos momentos son varias las instancias oficiales empeñadas en ello, desde el propio ministerio de Educación, hasta las secretarías de Educación de los Estados y los municipios, pasando por los rectores de los centros de enseñanza, universitaria y no universitaria, pública y privada, de todo el país.

Ahora bien, la situación actual de la enseñanza del español en Brasil ofrece sombras, adosadas a las luces, que merecen tenerse en cuenta sin peligro de empañar las evidencias sobre la necesidad y las bondades de un mejor conocimiento de la lengua española por parte del pueblo brasileño. Es más, probablemente el comentario de las dificultades permita apreciar con mayor justicia la importancia política y cultural del español en Brasil, así como la inevitabilidad del entendimiento entre ambos elementos protagonistas.

Cuando hablamos de sombras, tenemos en mente, en primer lugar, las dificultades económicas y de pura gestión educativa que supone aplicar una legislación como la comentada; en segundo lugar, manejar con solvencia las responsabilidades en las tareas derivadas de tan compleja empresa educativa; y, finalmente, entender de un modo adecuado la posición que han de ocupar los países hispanohablantes en todo ello, especialmente España, por la fuerza de sus actuales vínculos con Brasil.

La implantación de una materia como la lengua española, en un sistema educativo que alcanza a una población escolar de 50 millones de estudiantes, se antoja una tarea colosal y compleja. La enseñanza de una lengua cualquiera requiere mucho más que la reserva de una franja horaria escolar: hacen falta materiales de apoyo, impresos y audiovisuales, una carga temporal que permita la práctica de la lengua y, sobre todo, un profesorado especialmente preparado para la educación lingüística, lo que lógicamente implica el conocimiento de la propia lengua enseñada.

¿Cómo se consigue esto en un país en el que las competencias educativas están distribuidas entre el gobierno federal, los Estados y los municipios, donde la escolarización ofrece importantes diferencias interregionales, y cuando no se dispone del suficiente profesorado bien preparado para enseñar materias básicas como lengua portuguesa, matemáticas o ciencias sociales? ¿Cómo ha de planificarse la oferta de español haciéndola compatible con la obligatoriedad de enseñar otras lenguas? ¿Cómo conseguir suficiente profesorado, con la preparación y la habilitación requeridas para un proyecto educativo de semejante magnitud?

No hay decisiones tomadas que solventen de modo completo y satisfactorio tanta y tan grave interrogante. Los cálculos iniciales de las propias autoridades brasileñas, demandaban la existencia de 200.000 profesores de lengua española; los cálculos orientados a conocer de modo concreto las necesidades derivadas de la ley de 2005 apuntan a la incorporación inmediata de alrededor de 12.000 profesores. Son muchos profesores, en cualquiera de los casos, y la necesidad obliga a una gestión eficaz e inteligente.

La responsabilidad de formar a esos miles de profesores y de acondicionar los centros de enseñanza para su labor docente no puede ser exclusiva de un sólo estamento. La tarea se antoja de alcance nacional y la implicación de agentes de diferentes ámbitos sociales parece perentoria. Una parte importante del encargo está asumiéndose desde el ministerio de Educación de Brasil, que busca dotar a sus profesores de herramientas de mayor alcance y de garantizada calidad. Un ejemplo de ello es su apuesta por la dotación de recursos de enseñanza virtual y a distancia, que permite llevar el aprendizaje de la lengua española a más lugares y en horarios más flexibles.

Las secretarías de educación estatales, por su parte, exploran fórmulas de formación y habilitación de profesorado, comenzando por el manejo elemental de la lengua que se pretende enseñar, factor esencial para el dominio de otros recursos didácticos.

Pero las universidades brasileñas también están reclamando su parcela de protagonismo en esta tarea educativa. Sobre ellas recae la formación del profesorado y no se ve con buenos ojos que otros actores se inmiscuyan en una función que les corresponde, por tradición y por ley. No es fácilmente comprensible que las administraciones federal y estatal, que han dotado insuficientemente a sus propias universidades, las ignoren por completo o acudan sin más a otras instancias para dar cumplimiento al mismo fin.

¿Y qué espacio han de ocupar los países hispanohablantes en esta particular coyuntura brasileña? Existen respuestas para todos los gustos. Una primera resulta muy evidente: los trances de Brasil han de solventarse desde Brasil. De este modo piensa una parte del profesorado universitario, que desea trabajar en las mejores condiciones posibles, para formar los profesores de español que se requieren, sin recurrir al concurso de lo extranjero. Otra respuesta acepta la cooperación internacional sin complejos, con la seguridad de que el sistema educativo brasileño no dejará por ello de ser dueño de su destino, pero con la dificultad de hallar los mecanismos adecuados y solventes para afrontar el reto.

Y en los países hispánicos se observan actitudes diferentes, que van desde las que no plantean ningún tipo de acción o cooperación oficial (Chile, Bolivia), hasta las que aceptan transferir una parte de su experiencia y recursos para la enseñanza y la formación de profesores de español. Entre estas actitudes se incluye la de asumir la circunstancia como propia, y el desafío como una prueba de valía y de voluntad de colaboración; voluntad que en ocasiones puede confundirse con afán denodado de protagonismo. Es el caso de España y aquí surgen los conflictos y desajustes más importantes.

España, en materia de español como lengua segunda o extranjera, no es un país hispánico más; en materia de cooperación, tiene una importante responsabilidad asumida desde hace décadas con Brasil; y, en materia económica, tiene unos intereses solamente comparables a los de EE UU. Todo ello hace que los deseos de colaboración en la implantación de las enseñanzas de español, vengan de fuentes públicas o privadas, puedan ser interpretados como simple afán de colonialismo económico y cultural por parte de España.

A ello ha contribuido enormemente la difusión de falsas imágenes, principalmente a través de los medios de comunicación, de la situación de Brasil en relación con la lengua española. Se ha dicho –y se sigue diciendo– que Brasil será un país bilingüe en un breve plazo, sin distinguir entre lo que supone ser una comunidad bilingüe y ser una sociedad de individuos con habilidades bilingües: la comunidad holandesa no recibe el tratamiento de bilingüe, por más que la mayoría de sus ciudadanos sean capaces de hablar inglés, y nadie piensa que la comunidad madrileña será bilingüe cuando buena parte de sus estudiantes estén capacitados para hablar la lengua inglesa.

También se ha dicho que España está formando a los miles de profesores que necesita Brasil para conseguir una implantación general de la lengua española en su enseñanza secundaria. Cierto es que España es, junto a EE UU, la primera potencia en didáctica del español como lengua segunda y extranjera, así como en formación de profesores, pero eso no significa que los programas españoles desarrollados en Brasil sirvan para salvar la situación actual, y menos sin contar con los principales protagonistas: los brasileños y sus instituciones.

Tal estado de opinión, más allá de la percepción de neocolonialismo, ha llevado a que algunas acciones del ministerio de Educación de España y del Instituto Cervantes sean vistas con recelo por parte de las universidades brasileñas, cuando en cualquier país, los profesores de lenguas y estudios extranjeros están deseosos de recibir los recursos, programas y proyectos de entidades como el British Council, el Instituto Goethe, el Instituto Francés y del propio Instituto Cervantes.

En esta línea, es esencial lograr en Brasil una percepción de sincera cooperación, no de imposición ni de juego aprovechado. Asimismo, es crucial que las autoridades brasileñas sepan distribuir las cartas de esta partida entre todos los que tienen algo que apostar, porque no hay nada peor que la sensación de dejadez respecto a aquello que nos identifica.

Ahora bien, como antes se mencionaba, estas sombras lo son porque hay luces capaces de iluminar con claridad qué supone el conocimiento del español para los brasileños y cuál está siendo su impacto en los planos económico, social y cultural.

La promulgación de una ley del español y las dificultades que supone su implementación en un país de dimensiones continentales, junto a la necesidad de contar con el aporte de todos los agentes capaces de contribuir al desarrollo de la enseñanza de esta lengua en Brasil, son elementos derivados de una realidad palpable desde un punto de vista político y desde una perspectiva social: la conveniencia de que el pueblo brasileño sea progresivamente más y mejor conocedor de la lengua española o castellana. Pero, ¿de dónde nace esa conveniencia?, ¿por qué se hace más palpable en esta época histórica, si la posición geoestratégica de Brasil es la misma desde hace siglos? Dicho de otro modo: ¿Por qué Brasil y la lengua española están condenados a entenderse?

Las páginas electrónicas de las asociaciones brasileñas de profesores de español están repletas de argumentos y sensaciones en relación con el asunto que nos ocupa. Allí se habla del español como lengua de oportunidades para los brasileños, de oportunidades para establecer relaciones culturales y económicas con los pueblos hispanohablantes del mundo, de oportunidades para proyectar su identidad y sus productos fuera del territorio brasileño, de oportunidades para ofrecer servicios a los millares de visitantes hispanohablantes que acudirán a Brasil con motivo del Campeonato Mundial de Fútbol (2014) y de los Juegos Olímpicos (2016).

También se habla del español como una lengua estratégica, por ser idioma hablado en todo el continente americano, desde el frío Canadá a la Patagonia helada, por ser lengua de una comunidad de naciones con una marcada identidad en el panorama mundial, por ser la segunda lengua de comunicación internacional, tras el inglés, aunque esta última dispone de menor número de hablantes nativos que el español. Maria Izabel Azevedo Norohna, miembro del Consejo Nacional de Educación de Brasil, afirma: “Hoy, la oferta de la lengua española en la formación de nuestros jóvenes va mucho más allá de su eventual deseo de dominar esta lengua, para ser un instrumento que permitirá la apertura de nuevas perspectivas profesionales para millares de estudiantes de la red estatal de enseñanza”.

No merece la pena comentar de nuevo la importancia de las inversiones españolas en Brasil, que repercute en el mantenimiento de puestos de trabajo cuyo desempeño supone el contacto con hispanohablantes, ni insistir en que la afinidad y la cercanía lingüísticas pueden hacer más por el sentimiento de pertenencia a Mercosur que las ventajas derivadas de adquirir este o aquél producto a un precio más bajo como consecuencia de la unión aduanera.

Sin embargo, no se ha valorado suficientemente la importancia de la lengua española en el conjunto de las 20 economías más desarrolladas del mundo. Entre ellas se encuentra la de España –de forma individual y como parte de la Unión Europea–, la de México, la de Argentina y, por supuesto, la de EE UU, cuyo nivel de conocimiento y uso del español está creciendo de forma exponencial. En este contexto, Brasil, que ha conseguido liderar políticamente a las naciones de

Suramérica, también tiene capacidad para ejercer de líder entre las naciones más poderosas del mundo, portando la voz y transmitiendo la sensibilidad del mundo iberoamericano –incluido, claro está, el universo hispanohablante– en los diálogos que vienen a marcar los destinos políticos y económicos de nuestro planeta. Cuanto mayor sea la afinidad percibida entre Brasil y el mundo hispano, mayores serán las posibilidades de interlocución interna y mayor la influencia que puede ejercerse en los diálogos internacionales.

Y aún es posible buscar otros matices en este juego de argumentaciones sobre el diálogo. El entendimiento entre Brasil y sus vecinos puede ser en español, qué duda cabe, pero también puede serlo en portugués. Por eso, muchas de las razones que aquí se están proponiendo, tendrían el mismo sentido si se hablara de la relación entre los países hispánicos y la lengua portuguesa.

A los argentinos, uruguayos y paraguayos les conviene conocer el portugués, sobre todo a los que residen en las provincias cercanas a Brasil, porque el portugués es lengua de su comunidad aduanera, lengua oficial de la UE, lengua internacional e instrumento de comunicación en las transacciones económicas del ancho mundo lusohablante. Y lo mismo podría decirse de los habitantes de España, pensando en su vecindad con Portugal y en los cientos de proyectos que se desarrollan en Brasil.

La renuncia al conocimiento de estas lenguas, siendo accesible, podría calificarse de prosaica e irresponsable. Brasil y el español están condenados a entenderse, como lo están los países hispánicos y el portugués, con la ventaja de que, en ambos casos, el entendimiento podría darse en cualquiera de las dos lenguas, las lenguas de un espacio político y cultural que recibe el nombre de Comunidad Iberoamericana de Naciones.